Acuerdo migratorio, única alternativa para mexicanos

Edición 15021 martes 20 de mayo de 2008 Publicación de Hoy
Acuerdo migratorio, única alternativa para mexicanos

Para los mexicanos residentes en Estados Unidos, la única alternativa viable para solucionar conflictos como la inseguridad jurídica, la confrontación social y la discriminación es un acuerdo migratorio.

De acuerdo con líderes de varias agrupaciones de mexicanos que viven en diferentes estados de la Unión Americana, la oleada antiinmigrante que se vive en entidades como Arizona y California, lejos de resolver el problema, lo avivan.

En entrevista por teléfono, Gloria Saucedo, de la Hermandad Mexicana, señaló que las medidas antiinmigrantes perjudican más de lo que benefician, pues provocan disgregación familiar y conflictos económicos en las comunidades.

Refirió que, según un estudio del Centro de Políticas de Inmigración de California, independientemente de su calidad migratoria, las personas provenientes de otros países aportan cuatro mil 500 millones de dólares anuales de impuestos a ese estado.

El vocero de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), Jorge Mario Cabrera, desmintió a su vez las afirmaciones de las autoridades locales de Los Angeles en torno del “costo” de los indocumentados.

Recordó que recientemente el supervisor Mike Antonovich, del Distrito 5, aseveró que el condado de Los Angeles “gasta” al año 220 millones de dólares en seguridad pública, 400 millones en salud y 432 millones de dólares en ayuda a los indocumentados.

Cabrera indicó que esas cifras son falsas, pues es bien sabido que los inmigrantes, lejos de representar un gasto para la ciudad, contribuyen de manera importante con sus impuestos y el consumo local.

En tanto para Marco Amador, de la Cadena Nacional de Organizaciones de Jornaleros, la situación en Estados Unidos es grave, pues al amparo de las medidas antiinmigrantes, muchos patrones han dejado de pagar a sus trabajadores.

Las leyes que obligan a los empleadores a revisar el estatus migratorio de sus trabajadores antes de contratarlos -y que ya están vigentes en varios estados, entre ellos Arizona- se usa como pretexto para dejar de pagar sus salarios.

Esta situación provoca problemas económicos a las familias de los jornaleros, quienes dejan de recibir remesas desde Estados Unidos.

Una encuesta publicada por el Tomás Rivera Policy Institute

(TRPI), con sede en la Universidad del Sur de California en Los

Angeles, muestra la preocupación por la seguridad en el envío de

dinero.

Debido a las medidas antiinmigrantes, los mexicanos que reciben

dinero de sus familiares en Estados Unidos muestran una creciente

preocupación por la certeza de que esos recursos lleguen completos y

a tiempo.

De acuerdo con el Informe sobre la Inflación de enero-marzo de

2008 del Banco de México, “a lo largo de 2007 el ingreso de recursos

al país por remesas familiares mostró una desaceleración, la cual se

acentuó en el presente año”.

El año pasado, el monto de las remesas ascendió a 23 mil 979

millones de dólares, mientras que “en el primer trimestre de 2008,

esa entrada de recursos fue de cinco mil 350 millones de dólares, lo

que implicó una caída anual de 2.9 por ciento”.

La encuesta del TRPI levantada en 10 entidades de México revela

que, en promedio, 51 por ciento de las personas tiene preocupación de que el dinero llegue con seguridad. Pero desglosada por estado, la

cifra es grave.

Por ejemplo, en Jalisco la preocupación es compartida por 61 por

ciento de los encuestados, en Puebla por 57 por ciento, en Guanajuato

por 56 por ciento, y en el Distrito Federal y el estado de México por

39 por ciento.

Al respecto, el director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Carlos González Gutiérrez, señaló que hay una preocupación importante porque los mexicanos recurren cada vez más a medios

clandestinos para el envío de dinero.

A pesar de los esfuerzos de autoridades mexicanas para “bancarizar” a los migrantes, las medidas tomadas en Estados Unidos los ahuyentan de las sucursales bancarias y de las oficinas de envíos regulares de dinero, lo que genera riesgos económicos.

El director ejecutivo de NALACC, Oscar Chacón, ha señalado en

repetidas ocasiones que las redadas que se han llevado a cabo en

varios estados provocan descalabros económicos.

Los casos se han documentados en Alabama, Arkansas, Georgia,

Kentucky, Florida, Nueva York, Pennsylvania, Ohio, Tennessee, Texas y Virginia Occidental, donde la expulsión de indocumentados ha dejado vacantes y desintegración de familias.

Los dirigentes consultados coinciden en que la única manera de

resolver esos conflictos, que afectan más a la de por sí debilitada

economía estadounidense, es lograr un acuerdo migratorio que

regularice el flujo de personas.

Sin embargo, el panorama es poco alentador. Dennis Bixler y

Márquez, director del Centro de Estudios Chicanos de la Universidad

de Texas en El Paso, asegura que nunca se firmará tal acuerdo.

En su opinión, ni las autoridades, ni los representantes de la

política estadounidense, es decir los diputados y senadores, tienen

el menor interés de llegar a un acuerdo migratorio con México.

En ese sentido, advirtió que la lucha seguirá siendo larga y la

presión contra los inmigrantes dependerá de las circunstancias

políticas y económicas que se vivan cada momento.


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